La regulación impulsada por las plataformas 1

Frecuentemente se expone que empresas digitales que funcionan como plataformas intentan que no se les aplique la correspondiente regulación sectorial, como si persiguieran la desregularización de su actividad, sin detenerse a analizar la propuesta reguladora que estas mismas plataformas configuran.

Lejos de constituir un entorno ausente de regulación, todas ellas se dotan a sí mismas de normas y controles que permiten atraer tanto a consumidores como oferentes de tal forma que se produzcan transacciones (interacciones en sentido amplio). En otros términos, nadie subiría a un coche, compraría un electrodoméstico en eBay, publicaría contenidos en Facebook o se hospedería en casa de un desconocido si la correspondiente plataforma no estableciera mecanismos para proteger a los demandantes ex ante (verificaciones, sistemas de reputación, etc.) e incluso ex post (con el fin de garantizar un mínimo nivel de calidad). Tampoco habría oferentes dispuestos a alquilar su vivienda a un desconocido si estas plataformas no les ofrecieran también cierta protección tanto ex ante (ratings de los potenciales arrendatarios) como de soluciones ex post (aseguramiento de la vivienda que se alquila).

Si en un entorno de libertad, demandantes y oferentes interactúan y realizan transacciones a través de una determinada plataforma es factible concluir que el entorno creado por la misma resulta adecuado (o por lo menos, satisface mínimamente oferentes y demandantes). Por tanto, las plataformas no sólo configuran un entorno regulado sino que, además, se trata de un entorno de éxito directamente proporcional al número de interacciones que consiguen que tengan lugar.

Quizá la óptica de competencia nos persigue a quienes trabajamos en una autoridad de competencia pero, desde mi punto de vista, las plataformas constituyen una propuesta reguladora que ha roto el monopolio regulatorio y que compite con la regulación emanada de los legisladores públicos (ya sean de ámbito estatal, autonómico o local). Y es que tanto el diseñador de las normas que rigen cualquiera de estas plataformas como los legisladores públicos tienen objetivos coincidentes: maximizar la actividad económica preservando los derechos de todos los agentes económicos (oferentes y demandantes).

Desde este punto de vista, quizá los reguladores públicos deberían tratar de reaccionar cuanto antes e identificar en qué medida la regulación pública puede complementar la referida autorregulación.

En el reciente documento de la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) “Transacciones entre iguales (P2P). Un paso adelante” , del que soy coautor junto con la Sra. Susanna Grau, responsable del área de instrucción de expedientes de la ACCO, se apuntaba que la regulación pública sería necesaria -incluso en un entorno en que las plataformas compitan para atraer oferentes y demandantes (con lo que la autorregulación ya tendería a garantizar los derechos de oferentes y demandantes)- para corregir fallos de mercado y garantizar un output específico de la actividad si la misma es considerada de interés general.

Lejos de plantear regulaciones innovadoras concretas, con la finalidad de corregir externalidades o de garantizar la fijación de algunas características de la actividad si se considera de interés general, los legisladores públicos están todavía realizando una aproximación muy genérica a la cuestión.

Ante la pasividad o, por lo menos, falta de aportaciones regulatorias concretas e innovadoras por parte de los legisladores públicos, se constata que los reguladores de las referidas plataformas incluso reaccionan ante las externalidades negativas que su actividad genera sin que todavía el legislador público (que debería preocuparse por esta cuestión en tanto afecta a personas que no tienen una relación directa con la plataforma) se haya pronunciado. Airbnb ha puesto a disposición de los vecinos un canal de comunicación para que, en caso de sufrir molestias, se las comuniquen para así proceder a determinar si las mismas son originadas por su actividad y reaccionar como considere procedente. La plataforma de compraventa entre particulares Etsy ha impulsado un sistema para gestionar los ingresos de sus usuarios vendedores teniendo en cuenta cuestiones fiscales y de Seguridad Social. Al mismo tiempo, Etsy dispone de una sección de peticiones al estilo Change.org para que sus usuarios puedan lanzar campañas de mejora en materia regulatoria y de políticas públicas.

Urge que los legisladores públicos reaccionen competitivamente ante el reto que les plantean los reguladores de las plataformas. Esta reacción debería producirse en el mínimo plazo de tiempo posible para no otorgar una ventaja competitiva mayor al first mover (regulador de las plataformas) y en base a una regulación innovadora (que saque partido de las nuevas tecnologías) propia del s.XXI y no del s. XIX. En caso contrario, la regulación pública corre el riesgo de ser cada vez más residual.

 Artículo de Xavier Puig Soler, Instructor en la Autoridad Catalana de la Competencia.

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